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COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Por: Luis Vargas y Cristina Núñez

La asunción del gobierno de Venezuela, en 1999, por parte del presidente Hugo Chávez, hacía presumir cambios de fondo en las políticas públicas, puesto que su triunfo rompió una tradición de cuatro décadas de gobernantes electos en el marco de una democracia representativa. Estos gobernantes, socialdemócratas y socialcristianos, estuvieron vinculados por un pacto, llamado de “Punto Fijo”, que les permitió alternarse en el ejercicio directo del poder. Chávez, en cambio, ganó las elecciones después de encabezar una rebelión militar, el cuatro de febrero de 1992, pasar dos años en una prisión militar junto a sus compañeros de rebelión, ser beneficiado de una amnistía y emprender una campaña política, primero, y electoral, después, que agrupó a la mayor parte de la disidencia de izquierda, así como a otros sectores de centro y derecha, descontentos con el rumbo que llevaba el país.

Previamente a la rebelión militar, en 1989, el pueblo humilde de Caracas y otras grandes ciudades de Venezuela, protagonizó una insurrección contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata electo para una segunda presidencia, quien había anunciado la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que presagiaban una agudización de las dificultades económicas y las carencias sociales, ya de por sí graves, a pesar de tratarse de un país petrolero, que había visto correr por las arcas del Estado un chorro de dólares provenientes de las exportaciones. Estos ingresos fabulosos se concentraron en manos de minorías nacionales y extranjeras, mientras en las calles pululaba la miseria y los servicios públicos se encarecían y se deterioraban.

De modo que el triunfo electoral de Chávez, con las expectativas que su arribo a la presidencia creaba entre el pueblo, presagiaba esos cambios. Pero, las cuatro décadas previas significaban una pesada herencia, que se manifestaba en lo económico y en lo social, con un dramático cuadro de carestía y pobreza y, en lo político, con una administración pública burocratizada y envilecida por la corrupción y el clientelismo. El barril de petróleo venezolano había caído a siete dólares, como consecuencia del entreguismo de los sucesivos gobiernos a los intereses de las empresas transnacionales. Fue muy significativo que la caída del precio del petróleo se detuviera casi instantáneamente, cuando Chávez, en su primer discurso, anunció la decisión de fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP.

CONTEXTO ECONÓMICO

Para acercarse a comprender la evolución de las políticas económicas de la Revolución Bolivariana, así como las dificultades experimentadas, en el intento por construir un nuevo tejido económico al servicio de los intereses de la mayoría del pueblo venezolano, es necesario tener presente el carácter rentista de la economía. Sobre ese particular se ha escrito abundantemente, desde el mismo momento en que el descubrimiento de petróleo en nuestro subsuelo y su subsiguiente explotación, por compañías petroleras transnacionales, comenzó a modificar radicalmente la composición del ingreso público y, mediante su transferencia a particulares, la naturaleza toda de la economía nacional.

Desde el principio, el impacto del desarrollo de la industria petrolera despertó inquietudes en quienes vieron cómo la Venezuela rural y agrícola se iba transformando en un país urbano, monoproductor y monoexportador de petróleo. Tales inquietudes fueron expresadas incipientemente por hombres como Alberto Adriani, economista merideño, en las primeras décadas del siglo XX. A mediados del mismo siglo, hombres como Juan Pablo Pérez Alfonzo, manifestaban ya dramáticamente su preocupación por el rumbo que la dinámica petrolera le imprimía al país.

Estas manifestaciones no lograron conmover la arrolladora influencia del flujo de petrodólares, que ingresaron al Tesoro Público y se derramaron por todo el cuerpo económico nacional. Lógicamente, como corresponde a una economía capitalista, ese derrame no irrigó parejamente la economía, sino que se concentró en las capas superiores del poder económico y político. Debe decirse que tampoco esas capas poderosas estaban preparadas para asimilar el fenómeno emergente y aprovecharse de él. Quienes previamente tenían ubicados sus canales de acumulación de capital en la actividad agrícola, fueron desplazados por una emergente burguesía importadora y bancaria, cuyo crecimiento se produjo en estrecha relación con la actividad de las compañías petroleras extranjeras, que ya estaban consolidadas como un poder económico mundial, en el que resuenan los nombres de Shell y Creole, familiares para los mayores de cincuenta años y desconocidos para los jóvenes y adolescentes venezolanos de hoy.

Cerrando el siglo XX, Venezuela ya había invertido la composición de su población, pasando de un quinto urbana a menos de un décimo rural. Es decir, si a principios del siglo solamente dos de cada diez venezolanos vivían en ciudades, al final del siglo, nueve de cada diez venezolanos vivimos en ciudades. Asimismo, se pasó de una economía predominantemente rural y agrícola, en las primeras décadas, a la actual, donde la agricultura ni siquiera se reporta por separado en los informes anuales del Banco Central de Venezuela y está por debajo del cinco por ciento del producto interno bruto. De esta manera, tenemos un perfil de país capitalista industrializado, con un sector terciario, de comercio, servicios y finanzas, dominante, pero con las taras de lo que los economistas y los organismos internacionales denominan subdesarrollo: pobreza, concentración urbana y marginalidad.

El carácter rentista de la economía venezolana ostenta una peculiaridad, derivada de la legislación heredada de la época colonial, consistente en la propiedad pública de los recursos del subsuelo. Por esta disposición legal, que le niega al sector privado la propiedad del subsuelo, los ingresos generados en la explotación de petróleo van directamente al Estado y solamente después fluyen hacia el resto de la economía. La consecuencia de esta situación ha sido que los capitalistas debieron afinar los mecanismos de control político del país, para asegurarse el éxito en su proceso de acumulación. Dicho de otra manera, el poder económico en Venezuela debió esmerarse en controlar las estructuras de gobierno, para apropiarse a su través del ingreso petrolero. Esto significó una influencia determinante del capital sobre los partidos políticos y la administración pública, que fue generando, a todo lo largo del siglo XX y muy especialmente en las décadas de 1960 a 1990, organizaciones partidistas y entes gubernamentales completamente subordinados al interés capitalista, particularmente, al de los sectores importadores y bancarios, que prosperaron al calor del auge petrolero, como queda vivamente descrito en las investigaciones del eminente economista venezolano Orlando Araujo.

CONTEXTO POLÍTICO

Hace falta familiarizarse también con la historia política del país, para comprender la estructura económica heredada por la Revolución Bolivariana y las dificultades que enfrenta su transformación. La seis primeras décadas del siglo XX estuvieron dominadas por gobiernos dictatoriales. En 1958, cae el último de ellos, el gobierno de Pérez Jiménez y se inaugura la etapa democrática representativa. En 1961 se promulga una nueva Constitución, que le asigna un papel fundamental a los partidos en la vida política nacional, específicamente el socialdemócrata y el socialcristiano, con una participación subordinada del partido comunista, como protagonistas de la oposición a la dictadura y del tránsito a esa nueva etapa.

De telón de fondo, sigue estando la industria petrolera. La política oficial sobre esta materia domina cualquier escenario. El gobierno venezolano no es solamente una figura política, juega un papel en la economía y no precisamente el que le asigna el modelo liberal, de árbitro entre los intereses particulares, porque constituye un actor esencial, como propietario de los hidrocarburos. Los partidos que se disputan el control del gobierno, además de las funciones administrativas propias de la dirección del Estado, se pelean también por la prerrogativa de manejar el poder económico derivado del ingreso petrolero.

Por otra parte, el poder económico se mantenía atento a la evolución del poder político, especialmente de los partidos, con los que anudaba relaciones, a fin de cobrar en efectivo el apoyo electoral brindado, en caso de que accedieran al gobierno. De cualquier forma, el poder económico moldeó con su influencia el accionar partidista e hizo de los partidos mecanismos de gestión de sus intereses, promoviendo el fenómeno endémico de la corrupción y el cohecho. Para estos fines, eran necesarios partidos libres de la tutela de su militancia y que operaran como agentes autónomos, subordinados y ejecutores de los negociados del sector capitalista.

Por eso, el régimen de la democracia representativa promovió la política partidista, y la privilegió en el contenido de la Constitución y las leyes, y sus dirigentes rechazaban las expresiones políticas autónomas de la población, como son las protestas, las huelgas y otras formas del activismo popular. Los partidos y las publicaciones de izquierda experimentan serias dificultades para mantenerse. Tampoco se hablaba de participación. Cuando se legisló para la creación de organizaciones vecinales, previamente los partidos destacaron a sus activistas, para que se adelantaran a controlar esta forma de participación naciente y la convirtieron en apéndices de los partidos.

Si se quisiese resumir el proceso político de lo que denominamos Cuarta República o democracia puntofijista, consistió en una sistemática promoción del protagonismo partidista, contrapuesto a posibles expresiones organizativas del pueblo, dejando como única vía de participación popular las elecciones quinquenales, de manera que los confabulados factores partidistas y empresariales quedaran libres para actuar, administrando la riqueza petrolera del Estado en beneficio de la oligarquía. Un proceso no exento de respuestas rebeldes, que eran contrarrestadas con la demagogia electoral y el populismo gubernamental o con la represión pura y simple, cuando estas expresiones de rebeldía se radicalizaban.

El cooperativismo, en este contexto, experimentó un crecimiento maniatado, que dependía de las necesidades de control de los procesos de organización y protesta popular. Así se vio al gobierno de Carlos Andrés Pérez -uno de los más entregados a los intereses del capital y del imperialismo-, llamar a constituir cooperativas, cuando sus medidas económicas golpeaban con más rigor a los sectores populares. Aunque, igualmente, por falta de claridad de objetivos de los cooperativistas o porque el movimiento cooperativista estaba infiltrado por tendencias reaccionarias, éste no alcanzó mayor desarrollo y el que logró acusaba los efectos de la influencia capitalista.

UNA TRANSICIÓN PAULATINA

Al iniciar su gestión de gobierno, el presidente Chávez tenía en mente la búsqueda de un nuevo modelo económico para el país, pero el camino estaba por construir. Mientras hablaba de la “Tercera Vía” de Tony Blair como una posibilidad, resolvió promover el cooperativismo, a fin de amortiguar la influencia del sector privado en la economía. Un sector privado que creció a la sombra del Estado y que se dotó de capital y equipos, estableciendo un monopolio en muchas áreas vitales de la economía. Para decirlo con un ejemplo, si el gobierno emprendía un plan de obras públicas, estaba obligado a contratarlas con empresas privadas, clientes habituales del Estado, porque eran las únicas con maquinaria y fondos suficientes como para emprender dichas obras. Siendo enemigas políticas del gobierno, no eran contrapartes confiables y los contratos las iban a fortalecer. Igual si se trataba de un plan de distribución de alimentos para los sectores más pobres de la población, puesto que los circuitos de distribución estaban también bajo el mismo dominio.

Era necesario impulsar y fortalecer un sector económico con vocación social, ya que la administración pública, viciada de burocratismo y corrupción, tampoco era hábil para estos emprendimientos. Originalmente, se tomó a las Fuerzas Armadas como bastión para un conjunto de programas, pero tal mecanismo sólo podía operar transitoriamente, mientras se construía la alternativa. Fue así como el presidente resolvió promover la creación de cooperativas e hizo un llamado general, al pueblo, para organizarse, y a la administración pública, para respaldar la iniciativa popular. En el año 2001, se promulgó, mediante decreto, una nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), claramente con la intención de crear un tejido de organizaciones de economía social, en el marco de un nuevo texto constitucional, aprobado por referendo popular, en 1999, que consagraba el carácter de Estado Social de Justicia y de Derecho, de la República Bolivariana de Venezuela, y avanzaba de la democracia representativa, dominante durante cuatro décadas, a la democracia participativa.

ECONOMÍA SOCIAL EN LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

La economía popular y solidaria está definida, en los documentos oficiales, como un sistema de producción, transformación y circulación de bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades sociales, mediante relaciones de producción justas, económicamente viables, ecológicamente sustentables y respetuosas de la diversidad cultural.

El gobierno bolivariano se traza la tarea de sustituir el sistema capitalista por un modelo económico alternativo, solidario, sustentable y colectivista, orientado al desarrollo social y humano integral y a un reordenamiento socioproductivo y territorial, centrado en las vocaciones naturales de las propias comunidades, los valores del pueblo y la explotación racional de nuestras riquezas.

A comienzos del 2004, el presidente Chávez crea la Misión Vuelvan Caras. Esta Misión es el centro de convergencia de todas las Misiones participativas, que el gobierno creó para incluir a los sectores pobres y marginados e incorporar a los ciudadanos al tejido socioproductivo, desde una perspectiva de asociación económica solidaria.

Los ciudadanos no se encuentran solos, se les acompaña por medio de asesoría organizacional y apoyo de instituciones microfinancieras. Así nace el Ministerio para la Economía Popular, ahora Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal (MPPEC). Se le adscribieron el Banco del Pueblo Soberano, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, el Banco de Desarrollo de la Mujer, el Fondo de Desarrollo para el Fomento de la Agricultura y la Pesca, el Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa y el Fondo de Crédito Industrial. La Superintendencia Nacional de Cooperativas, el Instituto para el Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, estos dos últimos como entes de capacitación.

Entre los objetivos del MPPEC están la rectoría de las nuevas políticas dirigidas a constituir el nuevo tejido socioproductivo para el desarrollo endógeno, la coordinación con todas las instancias del Gobierno nacional, regional y local, considerando al cooperativismo no solo una forma organizativa de trabajo productivo sino también un proyecto de vida.

El objetivo general de la Misión Vuelvan Caras era contribuir en la construcción del nuevo modelo económico social, a través de los Núcleos de Desarrollo Endógeno y las unidades económicas asociativas de producción endógena, cuyo excedente se socialice en función de satisfacer las necesidades básicas humanas, incorporando a la población excluida y garantizando la soberanía de la Nación. Esto estimula la formación de Redes Socioproductivas,  que son un sistema integrado por cooperativas y otras unidades productivas de la Economía Popular, con participación de organizaciones sociales y políticas, que coordinan esfuerzos, complementan recursos y habilidades para desarrollar sus potencialidades, mejorar su eficiencia,  calidad y sustentabilidad, contribuyendo con el desarrollo endógeno del país y con el fortalecimiento de  la soberanía nacional.

Los objetivos específicos de la Misión Vuelvan Caras fueron: 1. Satisfacer necesidades prioritarias de la sociedad local, regional y nacional, en condiciones de equidad, justicia social y solidaridad. 2. Construir relaciones sociales de ayuda mutua, equidad y solidaridad entre cooperativas y sectores sociales complementarios de productores y consumidores. 3. Crear condiciones para que las unidades productivas de la Economía Popular en su conjunto, resistan la competencia capitalista y conserven para su desarrollo el valor agregado en las diferentes fases de la producción. 4. Impedir que las cooperativas desarticuladas sean objeto de la explotación por parte de las empresas y monopolios capitalistas, debido al control que tienen sobre: materias primas, centros de acopio, plantas industriales, tecnología, medios de transporte y canales de comercialización. 5. Fortalecer la capacidad de administración y gestión que permita, entre otras cosas, cumplir con los aspectos contables, legales y normas de funcionamiento de acuerdo a la actividad productiva desarrollada. 6. Impulsar mediante la red la participación de cada uno de los sectores productores, en las correspondientes juntas nacionales, Consejos de Alimentación y otras instancias de participación popular. 7. Contribuir a  consolidar el movimiento cooperativista nacional y a la formación y desarrollo del Frente Vuelvan Caras. 8. Fortalecer las relaciones de cooperación e integración entre los países de América Latina  y el Caribe sobre bases de equidad y solidaridad promoviendo el ALBA con la articulación de redes internacionales socioproductivas solidarias.

De igual manera se apunta a la creación de los Centros de Intercambio Socioproductivo (CIS), un sistema que comprende el intercambio y distribución de bienes y servicios con base al cálculo de equivalentes. Un espacio de encuentro entre productores, consumidores y Estado para la planificación participativa de la producción, consumo y precios de los bienes y servicios de la Economía Popular, cuya finalidad es eliminar prácticas monopólicas y oligopólicas, contribuir a la construcción de patrones de consumo responsable y sustentable, construir espacios de intercambio de bienes y servicios con criterios de equidad y solidaridad, con base a la equivalencia por la cantidad de tiempo de trabajo social invertido, promover la eficiencia del nuevo sistema económico para elevar constantemente la calidad de vida de la población, alcanzar el mayor nivel de conciencia revolucionaria del pueblo.

El punto de partida en la promoción del desarrollo endógeno y empresas de producción social es: 1°. Establecer las potencialidades productivas por municipio. 2°. Identificar los espacios productivos. 3°. Identificar a los sujetos protagónicos. 4°. Establecer la forma de encadenamiento productivo. 5°. Así se inicia la formación sociopolítica y se organiza en cooperativas. 6°. Se establecen las competencias técnicas productivas y se forman. 7°. Se completa el proyecto socioproductivo. 8°. Se otorga el financiamiento. 9°. Se establece la forma de distribución del excedente de la producción en la sociedad.

En esta dinámica donde el gobierno se enfrenta a una  realidad capitalista, individualista, el trabajo de transformación de los sujetos o actores protagónicos no puede ser visto aisladamente. Esa visión acertada, donde converja lo económico, político, social y cultural, es la vía para combatir los obstáculos que no terminan de morir para que nazca lo que tiene que nacer, las formas capitalistas rendidas a las formas endógenas asociativas de la inminente economía social solidaría.

En el Congreso Nacional del Frente Nacional de Vuelvan Caras, realizado el 2 y 3 de septiembre del 2006 en La Morita, estado Aragua, los hombres y mujeres llamados lanceros y lanceras de la Misión Vuelvan Caras, quienes representan ese sector antes excluido y más pobre del país, ahora forjadores protagónicos del desarrollo endógeno bolivariano, definieron la economía social y solidaria como un subsistema de producción y distribución, que a través del gobierno revolucionario favorece la organización del pueblo trabajador con participación de los Consejos Comunales, en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Víctor Zapata, presidente de la cooperativa “La Mata del Congrio”, del Núcleo de Desarrollo Endógeno Santa Rita, expresó: No hay nada más importante que “amar al proyecto antes que el dinero”. Así lo entendió desde que escuchó las palabras del presidente de la República, Hugo Chávez, en las cuales señalaba que Vuelvan Caras estaría destinada al fracaso, si repite el esquema consumista y capitalista del viejo modelo. En sus comienzos sembraron plátano, naranja, piña y yuca dulce, en 2500 hectáreas de terrenos disponen de 428 búfalas, de las cuales ya están preñadas 260. Actualmente, indicó Víctor, están tratando de hacer intercambios con otras cooperativas. Una de ellas, “El Paují”, en Caracas, a la que le ofrecieron traer algunos animales, si las condiciones son buenas, para que produzcan leche y vendan a más bajo precio.

Una cifra ilustra el crecimiento explosivo de la constitución de cooperativas: De mil registradas, aproximadamente, en el 2002, se llegó a 104.070 cooperativas registradas, al 31 de enero del 2006. El mayor impulso fue en el propio 2006, cuando se registraron 84.096, el doble de las totalizadas a finales del 2005 (41.485). En resumen, desde 1966 hasta febrero de 2007, Sunacoop tenía 191.113 cooperativas registradas en todo el país.

A pesar de estas cifras, con el censo realizado en el 2006 por Sunacoop, se reveló que 102 fueron liquidadas por presentar irregularidades y no ofrecer la información requerida, mientras 124.598 cooperativas se encuentran inactivas.

EXPERIENCIAS COOPERATIVISTAS EXITOSAS

La Cooperativa Agropecuaria Bramón (COOPEBRAM), ubicada en el municipio Junín del estado Táchira, en Los Andes venezolanos, agrupa a pequeños productores cafetaleros de esa zona tradicionalmente conocida por este cultivo y la calidad del grano que produce, el cual alimentó las exportaciones hacia Europa, en la época de la bonanza cafetalera venezolana, cuando llegamos a ser primeros productores y exportadores del grano. Allí, los caficultores, animados por el carácter del gobierno bolivariano, asumieron la administración de un gran central de beneficio del Estado, que se encontraba abandonado y disponía de equipos y maquinarias capaces de procesar grandes volúmenes de café. Desde su sede, el presidente Chávez, a finales del año 2004, en uno de sus acostumbrados programas dominicales de televisión (Aló Presidente N° 206), anunció el Plan Café, destinado a recuperar la producción y reanimar a los pequeños agricultores dedicados a este cultivo.

Se trata de una organización pequeña, de alrededor de cien asociados, que ha demostrado una eficiencia extraordinaria para manejar recursos en beneficio de los pequeños caficultores. Con un crédito de cien millones de bolívares antiguos, tuvo operaciones por más de mil millones. En ese ejercicio económico anual, se dieron créditos, se adquirió la cosecha y se vendieron suministros para la producción. Tal grado de eficiencia no lo muestra ningún organismo público de crédito agrícola, pues están limitados a los préstamos para fines específicos. Si se le entregaran los recursos de esos organismos directamente a las organizaciones de pequeños agricultores, aumentaría la eficiencia económica del apoyo gubernamental, como demostró la experiencia de COOPEBRAM, gracias a que nadie mejor que los propios actores conoce las necesidades de la producción y la mejor forma de administrar los recursos.

VISIÓN CRÍTICA

Cuando triunfó la revolución bolivariana y asumió la presidencia de la República Hugo Chávez, el desarrollo del cooperativismo en Venezuela era precario, puede decirse que marginal. Convivían dos modelos, el centralista y el federalista, que originalmente constituían visiones confrontadas por razones de fondo, pero que la dinámica había llevado a una parecida devaluación. Con la excepción de la Federación de Cooperativas de Caficultores de Venezuela (FECCAVEN), que a partir de una experiencia de cuatro décadas, había logrado generar un proceso de organización campesina ejemplar. Pero, la crisis económica del cultivo de café llevó al mínimo esta expresión organizacional. De este modo, Chávez se consigue con una situación en la que la economía social no tiene entidad práctica. Las cooperativas, que podían ser una base de dicha economía social, se encontraban degradadas por la falta de apego a los principios cooperativistas o debilitadas por la crisis económica.

En busca de una alternativa popular, que permitiera introducir un proceso de transición hacia una economía social, el presidente promovió el cooperativismo y promulgó la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, que mejoró bastante la anteriormente existente, pero también tenía debilidades, como la observada por el experto cooperativista, Leonardo Mora Arias, ya que se eliminó el vínculo, es decir, la norma que prohibe registrar dos cooperativas de la misma actividad en una circunscripción. Por ejemplo, dos cooperativas de ahorro y crédito en la misma parroquia o en el mismo municipio. Con la eliminación del vínculo se vulneró el principio de cooperación y se dio cabida a la competencia entre cooperativas, cuando lo ideal es que se refuercen mutuamente, para poder contrarrestar la presencia de empresas capitalistas en un sector. En una reforma de la ley, se debe corregir esta falla, se debe establecer nuevamente el vínculo y fortalecer los procesos de integración, para que no tengamos dos y más cooperativas del mismo campo, sino que todos nos sumemos en una sola.

Entre las virtudes de la nueva ley, hay que destacar algo que se repite varias veces en la Exposición de Motivos, la facilitación de los trámites para constituir cooperativas. Lamentablemente, una voluntad tan favorable al desarrollo del movimiento fue torpedeada por la propia administración pública, que comenzó a recargar ilegalmente los trámites y a dificultar lo que el presidente Chávez quería estimular. Esta tendencia perversa ha llegado a tales extremos, que hoy en día muchos se desaniman de constituir cooperativas, porque las planillas a llenar y los trámites a gestionar son absurdamente excesivos. Pero, éste no fue un desenlace gratuito, tiene su explicación en los intereses enquistados en la administración pública, que vieron amenazados sus privilegios, por la emergencia de un movimiento cooperativista masivo y respaldado por las políticas gubernamentales.

En relación a las cooperativas, se ha producido un fenómeno muy particular. La convocatoria del presidente Chávez fue respondida masivamente por el pueblo, lo cual trajo como consecuencia un crecimiento explosivo de dichas organizaciones. La administración pública no estaba preparada para atender esa proliferación inesperada de cooperativas y fue desbordada. Muchas de las cooperativas constituidas se orientaron a recibir créditos del Estado y no a generar un proceso de organización popular, para crear la economía social. Popularmente, se habla de “cooperativas de maletín”, es decir, de cooperativas que solamente existen en el portafolio de un directivo, que se han constituido en la oficina de un abogado, quien redactó el acta constitutiva y los estatutos, mas no en una asamblea general de asociados, durante un ejercicio de deliberación y capacitación.

Ante esta desviación de lo que debe ser una verdadera cooperativa, altos funcionarios del gobierno han expresado públicamente sus críticas a las cooperativas, en forma general, sin destacar las excepciones, lanzando un manto de rechazo sobre el cooperativismo y sin analizar las causas de fondo del problema. Con esto le han hecho el juego a los intereses que quieren impedir la emergencia de estructuras organizadas, capaces de brindarle autonomía al pueblo, en la ejecución de obras públicas y otras actividades, de las cuales siempre ha medrado el sector privado, coludido con la burocracia. No han comprendido dichos funcionarios, que al cooperativismo promovido por el presidente Chávez se han integrado los más humildes pobladores del país, carentes de formación administrativa, contable, legal y organizacional, lo cual explica las fallas, junto a la tradición gestora de los agentes partidistas del pasado, que están preparados por su experiencia para secuestrar la iniciativa popular. A ello se suma la ignorancia generalizada de los burócratas, respecto al modo de organización cooperativista, que les hace difícil valorar cuándo están ante una verdadera cooperativa o ante una “cooperativa de maletín”, además de que los tradicionales contratistas de obras públicas, siempre tienen a mano un buen fajo de billetes para ayudar a nublarles la vista.

PERSPECTIVAS

La derrota de la Reforma Constitucional propuesta por el presidente Chávez y sometida a referendo en diciembre del año pasado, impidió que se avanzara en la creación de un marco legal más favorable a la economía social y a las estructuras organizadas del poder popular. No obstante, la intención del presidente sigue viva y vigente y la Constitución actual cuenta con herramientas que permiten avanzar, aunque sea por vías menos expeditas. La administración pública está siendo obligada a canalizar todas sus ejecutorias, a través de los Consejos Comunales y los Bancos Comunales, estos últimos son los órganos financieros de aquéllos y tienen la figura jurídica de cooperativas. En consecuencia, el Gobierno Bolivariano ha optado por el cooperativismo, como instrumento para la transferencia de competencias y recursos a las comunidades organizadas. Esta perspectiva obliga a realizar un esfuerzo heroico de capacitación y apoyo a las organizaciones que serán la base de la economía social comunitaria. Probablemente, también se promulgue una ley, mediante decreto presidencial, que le dé vigencia a la propiedad comunal, ya que no se aprobó la Reforma Constitucional, que la preveía.

Así, las comunidades locales de todo el país, organizadas a través de los Consejos Comunales y dotadas de sus Bancos Comunales cooperativos, con la propiedad social de los activos que se le transfieran, contarán con herramientas muy poderosas para asumir la producción y el autoabastecimiento, así como la generación de empleo y demás actividades ligadas a los programas sociales gubernamentales.

CONCLUSIÓN

Los esquemas jerárquicos de organización de la sociedad, que son los que mejor se acomodan con el sistema económico capitalista, repelen cualquier germen de organización popular, cualquier intento de autogobierno comunitario, cualquier proceso de autogestión. El poder económico y político necesita subordinar todas las energías de la sociedad, para extraer la plusvalía y mantener el control. La democracia representativa venezolana, entre las décadas de 1960 al 2000, se esmeró en frustrar cualquier posibilidad de desarrollo autogestionario popular. Los ensayos medianamente exitosos lo fueron a pesar del sistema político imperante en ese lapso, como es el caso de las cooperativas de caficultores federadas en FECCAVÉN.

No se trató de una resistencia pasiva a la emergencia de la organización popular, hubo premeditación en la actuación de los aparatos partidistas, de la burocracia pública y del poder económico, así como de otras instancias de poder, como las iglesias católica y protestante. Lo que no se mediatizaba ideológicamente, a través de la educación y los medios de comunicación, se infiltraba para pervertirlo o, en última instancia, se reprimía violentamente. De ahí que el presidente Chávez y su movimiento bolivariano encontraran un ambiente tan adverso, para la puesta en práctica de políticas de desarrollo social. Lo único que le favoreció fue la voluntad de cambio de los sectores más humildes y explotados de la sociedad, el pueblo. Por ello, todas las iniciativas tomadas para revolucionar esta situación, se cobijaron en el lema tomado del poeta popular Aquiles Nazoa: “Creo en los poderes creadores del pueblo”.

Sin embargo, el choque de la iniciativa popular con el sistema de dominación fue leve al principio y casi frontal después. Porque la administración pública subordinada históricamente al poder económico capitalista, rápidamente entendió que el avance de las organizaciones del pueblo vulneraba los privilegios acumulados. Como disponían de experiencia y herramientas legales, así como de procedimientos burocráticos manejables para sus fines, comenzaron a emplearlos para impedir el avance de la economía social y el poder popular. El presidente Chávez obtuvo autorización de la Asamblea Nacional, para legislar por decreto y promulgó leyes especiales, que fueron recibidas con un intento de golpe de Estado y un paro petrolero criminal, en el año 2002. La fibra revolucionaria que se había despertado impidió que se consumara la arremetida fascista y la lucha volvió a los cauces legales y formales, donde se mantiene hasta hoy, porque la Revolución Bolivariana, pese a lo que divulgan los medios de comunicación nacionales e internacionales, al servicio del capital, ha sido respetuosa de las leyes y los derechos y es, como repite el comandante Chávez, una revolución pacífica.

Un pequeño ejemplo permite entender qué es lo que defienden los burócratas y la oligarquía. Cuando se ejecuta una obra pública a través de un Consejo Comunal o de una cooperativa, los costos se reducen a la mitad. Esa otra mitad que se presupuestaba rutinariamente, tenía como destino el reparto corrupto entre los funcionarios y los empresarios. Las organizaciones populares construyen sus acueductos, sus vías carreteras, sus edificaciones escolares o de salud, por menos dinero y con mejor calidad, puesto que van a beneficiarse directamente. Además, usan la mano de obra local y obtienen los ingresos previstos por salarios. Si todavía resulta un excedente, le queda a la organización popular y, por tanto, a la comunidad y les sirve para sufragar más obras y proyectos en su propio beneficio.

La falta de experiencia y de formación, generadas premeditadamente por los estamentos dominantes, siguen siendo un obstáculo a vencer, pero se ha avanzado en esta tarea revolucionaria. Existen fallas y la burocracia se resiste a cooperar para subsanarlas, pero el camino está claro: hay que fortalecer el poder popular organizado. La reforma constitucional sometida a referendo el pasado dos de diciembre del 2007 contemplaba la creación del Poder Popular y la transferencia de recursos del situado directamente a las comunidades. Ese referendo se perdió, por motivos cuya explicación requiere un estudio aparte. No obstante, demostró la voluntad del presidente Chávez y del movimiento bolivariano de promover la autogestión y el autogobierno del pueblo.

Existe plena conciencia de que el experimento socialista, emprendido en la República Bolivariana de Venezuela, ha sido un detonante de procesos revolucionarios en toda Suramérica. La necesidad de cambios profundos, que yacía represada durante tantas décadas en el seno de nuestros pueblos, ha despertado vigorosa y se extiende como un reguero de pólvora. Como dice la consigna más coreada de la revolución bolivariana, recordando la heroica lucha de nuestro Libertador: La espada de Bolívar nuevamente camina por América Latina.

Ingeniero Industrial, Gerente de Relaciones con el Entorno del Proyecto Navay, Petroquímica de Venezuela.

Abogada, diplomada en Trabajo Social.

Por el nombre de la casa en la que se firmó, perteneciente a uno de los firmantes del pacto, Rafael Caldera, socialcristiano, quien luego llegaría a la presidencia de la República.

Pérez fue presidente entre 1973 y 1978. Volvió a ganar las elecciones en 1988.

Del estado Mérida, uno de los veinticuatro estados de la República Bolivariana de Venezuela, ubicado en la región andina.

Ministro de Energía y Minas del gobierno de Rómulo Betancourt (1958) y uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Economista y escritor, premio nacional de literatura. Autor de excelentes estudios sobre el proceso de industrialización de Venezuela.

Sirva de ejemplo, el hecho de que Rómulo Betancourt, dirigente emblemático de la transición y primer presidente electo después de la dictadura, publicó un libro bajo el título: “Venezuela, política y petróleo”.

Puntofijista: Por el llamado Pacto de Punto Fijo, la alianza partidista concertada entre Acción Democrática, COPEI y URD, para gobernar al país a partir de 1958.

Primer ministro inglés. Posteriormente, una vez definido el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, Chávez ha rememorado esa época como muestra de la búsqueda de caminos diferentes.

Se crearon Misiones para atender la educación, la salud, la alimentación, el deporte, la indigencia, etc.

Alternativa Bolivariana para la América, proyecto de integración opuesto a los Tratados de Libre Comercio (TLC), promovidos por Estados Unidos.

Lanceros eran los soldados del llano venezolano que formaban los ejércitos independentistas, en la Guerra contra el imperio español, a principios del siglo XIX.

Figura legal creada por el gobierno del presidente Chávez, para organizar a las comunidades locales y transferirles poder y recursos.

Superintendencia Nacional de Cooperativas, órgano supervisor de estas organizaciones, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. Todas las cifras son de esa fuente.

Instalación industrial que permite desconchar el grano maduro, eliminarle la pulpa alrededor de la almendra, secar dicha almendra, quitarle la cáscara llamada “pergamino”, pulirla y ensacarla, para alimentar la industria de molido y tostado o para la exportación.

Desde el año 2008, se produjo una reforma monetaria, que le eliminó tres ceros a la moneda. Ahora se habla de bolívares fuertes: uno fuerte equivale a mil antiguos.

Dirigente gremial, radialista y escritor residenciado en Tovar, estado Mérida. Fue Secretario Ejecutivo de la Federación de Cooperativas de Caficultores de Venezuela (FECCAVÉN) y director del periódico campesino “Rescate”. Escribe en www.aporrea.org bajo el seudónimo de León Moraria.

Nacido y muerto en Caracas, de agudo humor y alta sensibilidad popular, fue autor del libro “Humor y amor”, donde recopila poemas y relatos de gran arraigo tradicional.